Las cuentas de la dictadura parecen saldadas en Argentina, gracias a la sentencia pronunciada el pasado 26 de octubre contra dieciocho ex-militares convocados frente al Tribunal Oral Federal n° 5 de Buenos Aires : dieciséis condenas, de las cuales doce perpétuas. Entre estos siniestros apóstoles de una represión que hizo 30 000 desaparecidos, están los ex-capitanes de fragata Alfredo Astiz y Jorge “Tigre” Acosta, que actuaron en la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA), hoy convirtido en espacio para la memoria. En la ESMA estuvieron detenidos 5000 hombres y mujeres, de los que pocos sobrevivieron. Al menos un tercio de los pasajeros de los vuelos de la muerte, tirados vivos a las aguas del Río de la Plata, también pasaron por este Centro Clandestino de Detención.
“Capítulo cerrado”, “borrón y cuenta nueva”, dicen algunas portadas. Esta conclusión no refleja el proceso de memoria y justicia – así como de reparación, intimamante relacionados – en una Argentina cuya sociedad civil peleó, y muchas veces anticipó, a su manera, los actos de la justicia institucional que finalmente se pronunciaron. En particular, las organizaciones ciudadanas y de derechos humanos inspiraron varias administraciones gubernamentales responsables de los programas de acompañamiento a las víctimas y testigos de la tragedia, programas que siguen siendo escasos en los otros países del Plan Condor*.
“La memoria, la verdad y la justicia se articulan y deben articularse”, explica Natalia Lavalle, co-representante en Francia de la agrupación H.I.J.O.S.[1], “hijos por la identidad y la justicia contra el olvido y el silencio” según su sigla. “La condena a Astiz no cierra el capítulo. Pretender lo contrario querría decir que la justicia crea olvido, al pronunciarse y al condernar”, añade la joven, hija de un sobreviviente, ex-detenido-desaparecido.
Muchos hijos de desaparecidos fueron víctimas dos veces : no sólo sus padres fueron asesinados sino que, a pocos días de nacer en maternidades clandestinas, fueron apropriados por militares o policias de la dictadura. En el marco de estas nuevas « familias », los hijos apropriados se sumaron a veces a hijos biológicos de los torturadores. Un trauma en el trauma, que resume el siguiente ejemplo, dado durante una reciente visita a París por Fabiana Rousseaux, psicóloga y coordinadora del Centro de asistencia a las víctimas de las violaciones de los derechos humanos – Doctor Fernando Ulloa (Secretaría de Derechos Humanos de la Nación): “Imagínense esta familia donde el hijo mayor es hijo biológico de un militar y su hermana menor una bebé apropriada por este padre ‘adoptante’. Finalmente es el hijo mayor que reclamó justicia contra el padre mientras la hermana menor no quería que su ‘papá’ vaya a cárcel!”
Paradoja traumática. Que voltea las evidencias así como la habitual adecuación entre diferentes memorias, íntima, histórica y cronológica (leer también: https://grotius.fr/les-archeologues-de-la-violence-politique/[2]). El trauma de los Hijos convoca al menos tres generaciones, pero los Hijos llevan adentro el imposible olvido de un período histórico que no “hicieron”. Pesada herencia. Y promesa de porvenir, si el imposible olvido garantiza una imposible impunidad. Justa compensación.
Al salir de la dictadura, al contrario de sus vecinos, Argentina juzga inmediatamente sus tres juntas militares y los más afanosos sicarios, incluído Alfredo Astiz. El proceso de justicia retrocede con las leyes de amnistía, llamadas “de Punto Final” y “Obediencia Debida”, votadas a mediados de los años ochenta. Los militares se agitan en los cuarteles. Los Hijos todavía no son los HIJOS. Su organización nace en la década siguiente, en 1995, mientras el presidente Carlos Menem indulta a los pocos altos mandatarios que quedaban presos, responsables de casi todas las violaciones de los derechos humanos cometidas. Solamante dos crímenes quedan excluídos de las medidas de impunidad: las apropriaciones de niños y las sustracciones de bienes. Así, con las Abuelas de Plaza de Mayo al frente, se abre una brecha, un pequeño espacio de justicia posible, para condenar a los apropriadores. El espacio se ampliarà y se volverá total en 2003, bajo la presidencia de Néstor Kirchner, con la anulación de las leyes de impunidad y de los decretos de indulto.
Militante, la organización H.I.J.O.S. se distingue en un primer momento por su técnica de los “escraches”, destinada a enfrantar la impunidad judicial a través de actos de condena social a ex-militares o policías torturadores, frentes a sus domicilios, en sus barrios. La época sigue siendo la del olvido forzado, la de los restaurantes que se vacían de un tirón cuando un Videla o un Astiz se atreven a ir a tomar un café, bajo las narices de sus víctimas y de la sociedad. Por otra parte, para los hijos apropiados, la recuperación de la identidad, robada por sus apropiadores, no rima sistemáticamente con el deseo de ver condenado al padre “adoptante”, en algunos casos de buena fe (en esos casos no se trataba de miembros de la dictadura). “El cuerpo de un niño se convierte en una prueba penal. La revelación de su identidad es también la revelación de parte de la tragedia que concierne el conjunto de la sociedad », recuerda de manera grave Alicia Stolkiner, coordinadora de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI). “La ambivalencia de los niños secuestrados se traduce a la vez por reticencias fuertes hacia el acto judicial y por el deseo de conocer su verdadera identidad.”
Hoy en día, 1 500 jóvenes adultos solicitaron una prueba de ADN con el fin de conocer sus orígenes. Ahora, la lucha por la verdad de las Abuelas de Plaza de Mayo, que hace más de treinta anos iniciaron programas de asistencia psicológica y jurídica para los jóvenes que se iban encontrando, es respaldada institucionalmente por el Centro Fernando Ulloa y la CONADI. Oficialmente 105 jóvenes apropriados recuperaron su identidad. Centinela de la memoria del país, en 2006 ellos vivieron, junto a las Abuelas y al resto de la sociedad, un episodio a la imagen de lo que convirtió algunos hijos de desaparecidos en militantes de HIJOS.
El dia antes de la sentencia en el proceso de Miguel Echecolatz, ex-comisario de policía y servidor acérrimo de la dictadura – finalmente condenado a cadena perpetua – Jorge Julio López, un testigo clave, desaparece. Hasta hoy no hay noticias de él. La investigación està estancada. Mientras que la juventud chilena lucha contra la herencia de Pinochet (cf. artículo de Raphaël Morán), su vecina argentina sigue batallando contra los fantasmas y los métodos de los genocidas.
*Alianza estratégica represiva que concluyeron seis países de América del Sur bajo dictadura militar en los años setenta: Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, Paraguay, Uruguay.
Contacto: hijosparis@hotmail.com[3]
Benoît Hervieu
Benoît Hervieu, Reporteros sin Fronteras, Despacho Américas .
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